Hacia la desconstitucionalización

Rodrigo León

La crisis social que vive nuestro país nos ha paralizado de tal manera, que uno llega a pensar que la ley es un mero espejismo en un desierto, donde no existen verdaderos derechos, sino un precario equilibrio inconsciente entre paz y terror contenidos.

En este contexto de violencia generalizada el Congreso acordó, con la venia del Gobierno, llamar a un plebiscito para la derogación de la Constitución de 1980 y su reemplazo por otra. De haber una nueva carta magna, su redacción, desde cero, será de responsabilidad de una convención constituyente elegida sin la participación de parlamentarios actuales (es lo más probable, dada la falta de confianza de los chilenos en sus políticos).

Esta convención constituyente tendrá como quórum de aprobación los dos tercios. La Constitución actual tiene más de 120 artículos y, dado el quórum indicado de dos tercios, lo probable es que la Constitución de 2021 sea mucho más reducida. Dificulto que pase de 40 o 50 artículos, los que además deberán ser muy generales de manera que logren conceso para su aprobación; anticipo que en el texto final habrá mucha declaración de principios.

Todo lo anterior desembocará en un proceso que calificaría como la “desconstitucionalización” del derecho chileno. Desde la eventual eliminación del Tribunal Constitucional o del recurso de protección, hasta la institucionalización del sistema parlamentario. Los que podemos llamar “místicos constitucionales”, y que abundan hoy en día en televisión, tendrán mucho menos relevancia en el país, siendo reemplazados por la voz de juristas, en el ámbito del derecho común, que deberán hacer frente a una judicatura mucho más poderosa que hoy, al ser ella la que interprete y haga práctico un nuevo texto constitucional muy general y de pocos artículos.

Ser juez en Chile tendrá un nuevo rol bajo la nueva Constitución, de ahí que tal vez sea objeto de análisis que estos, por ejemplo, puedan ser elegidos democráticamente. En resumen, una especie de enfermedad de la que adolecía nuestro derecho nacional, la constitucionalización, tendrá su remedio, precisamente, en la nueva Constitución de 2021, volviendo a detentar su sitial el derecho no constitucional cuyas fuentes, en algunos casos, tienen más de dos mil años.

En todo caso, este cambio constitucional sí tendrá consecuencias legales que podrán ser muy profundas para la vida de Chile. Es tanta la libertad de la que dispondremos para conversar la nueva Constitución, que tendremos el derecho a discutir desde, por ejemplo, si Chile debe tener como lengua oficial el Mapudungún hasta si debemos ser un Estado federal de manera de acelerar, de verdad, la descentralización de nuestro país.

Nos encontramos en un momento histórico en Chile y tenemos la suerte de ser parte de él. Ojalá seamos lo suficientemente razonables para que logremos acordar un texto democrático constitucional que sea esa casa común de la que se habla, en la que podamos caber todos.